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La Comisión Europea ha seleccionado ocho provincias españolas para la asignación de las ayudas del Fondo de Transición Justa, concretamente 307 millones de euros que suponen el 4% de un total de 7.500 millones que Bruselas asignará entre diversas regiones de los países de la Unión con el objetivo de desarrollar modelos económicos sostenibles pero conscientes de que la magnitud del reto no es la misma para todos.
Los técnicos de la Comisión han seleccionado las provincias de Asturias, A Coruña, León, Palencia, Teruel, Córdoba, Almería y Cádiz, como las regiones españolas que recibirán ayudas de ese Fondo de Transición Justa, ya que entienden que son las más dependientes de los combustibles fósiles y por tanto, las que tendrán más problemas para avanzar hacia una economía verde.
Para tomar esta decisión, los técnicos de la UE han tenido en cuenta el cierre de las minas de carbón y el desmantelamiento de las centrales térmicas que utilizaban este combustible, lo que ha supuesto una importante pérdida de empleo y un incremento de la dependencia energética del país.
Fondo de Transición Justa
La lista de provincias españolas seleccionadas no es definitiva. De hecho, el Fondo de Transición Justa, que recibirá 7 500 millones de euros de nuevos fondos de la UE, determina que los Estados miembros, en diálogo con la Comisión, tendrán que determinar los territorios elegibles a través de planes territoriales de transición territoriales específicos.
En principio, de esa dotación de 7.500 millones de euros a España le corresponderían 307 millones siendo Polonia el mayor beneficiario con 2.000 millones de euros.
Le siguen Alemania, con 877 millones de euros; Rumanía, con 757 millones; República Checa, con 581 millones; Bulgaria, con 458 millones; Francia, con 402 millones; Italia, con 364 millones. Cierran la lista con partidas más reducidas Malta, con 8 millones, y Luxemburgo, con 4 millones.
Bruselas aspira a que el Fondo para la Transición Justa movilice unos 100.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.
Plan para la Transición Justa
Para elegir las regiones europeas que podrán beneficiarse de estas ayudas, Bruselas ha optado por identificar aquellos territorios más afectados por la transición climática, especialmente en términos de pérdida de empleo derivada de este proceso.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la estrategia de transición del Gobierno prevé medidas para mitigar esos efectos, pero el Ejecutivo «tendrá que tomar más acciones para encarar las consecuencias sociales».
La mayor parte de estas regiones se enfrentan a problemas de despoblación y tienen una actividad económica limitada, lo que puede amplificar las consecuencias negativas del proceso de decarbonización.
Para acceder a esos fondos, el Gobierno tendrá que desarrollar un Plan para la Transición Justa que identifique las regiones que necesiten ayuda y qué tipos de inversiones se deberían realizar, en el que se definirán las provincias que definitivamente recibirán esas ayudas.
Esos fondos podrían destinarse a ayudar a la creación de nuevas empresas, con incubadoras y consultoras, desarrollar infraestructuras energéticas limpias y asequibles, la economía circular, actividades de investigación, desarrollo de pymes y en regenerar los lugares más contaminados, según explican los técnicos. Además, el apoyo iría a parar a la formación de trabajadores que tengan que cambiar de área y al apoyo a la búsqueda de empleo.
España, de los países más expuestos al cambio climático
El informe destaca que España es de los Estados miembros más expuestos a las consecuencias del cambio climático y que se ha comprometido en una «ambiciosa estrategia de descarbonización» de su economía, una transición que supone «importantes consecuencias económicas y sociales» en las provincias seleccionadas.
En total, la propuesta de la Comisión Europea es que las ayudas del Fondo para la Transición Justa se destinen a unas 100 regiones de todo el bloque de las 1.000 que hay, lo que supone aproximadamente un 10% del total y una «concentración muy significativa» de los fondos, según fuentes comunitarias.
Sin embargo, todo está sujeto a la dotación que finamente tendrá el Fondo para la Transición Justa para todo el periodo comprendido entre 2021 y 2027. Su presupuesto final depende de las negociaciones entre los líderes de los Veintisiete en las que también deben quedar fijados los de la PAC y la Política de Cohesión, entre otros.
