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La Ley de Calidad de la Arquitectura ya está en vigor, según recuerda la Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE (ANFAPA). La norma, que establece el interés general de la arquitectura para el bien común, fue publicada el pasado 15 de junio en el BOE. ANFAPA está convencida de que será de gran ayuda al sector y que situará al país en una posición de liderazgo a nivel mundial.
Ley de Calidad de la Arquitectura
La Ley de Calidad de la Arquitectura define y resalta públicamente el interés general de la arquitectura por su contribución a la creación de la identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar, cohesión e inclusión social y a la salud. En su desarrollo ha participado de forma activa el CSCAE en estrecha colaboración con la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Siguiendo el ejemplo de la ley francesa de 1977, el Consejo Superior venía trabajando en la Ley de Calidad de la Arquitectura desde hacía una década, bajo los mandatos de los presidentes Jordi Ludevid, Lluís Comerón y Marta Vall-llossera. En este sentido, la presidenta del CSCAE destaca que la aprobación de la Ley de Calidad de la Arquitectura es un hito para la profesión, ya que establece el interés general de la arquitectura como garante del bienestar y la salud de las personas a través de los espacios que habitamos y construimos, situando a nuestro país en una posición de liderazgo dentro de la Unión Europea.
Defender la calidad de la arquitectura
Según Vall-llossera, la Ley de Calidad de la Arquitectura llega en un momento de especial necesidad en atención a la experiencia vivida en la pandemia, la cual ha puesto de manifiesto la importancia de los lugares que habitamos y su impacto directo en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. Por ello, garantizar la defensa y promoción de la calidad de la arquitectura y del entorno edificado es absolutamente necesario.
Nuestras viviendas deben ser capaces de dar respuesta a nuestro proyecto de vida y satisfacer nuestras necesidades cambiantes, de cada momento, la funcionalidad y flexibilidad de los espacios, la necesaria iluminación y ventilación, la accesibilidad o unas adecuadas condiciones técnicas en cuanto a aislamientos térmicos o acústicos.
Que nuestros pueblos y ciudades dispongan de servicios básicos cercanos, evitando desplazamientos innecesarios; que los espacios públicos inviten a pasear y que sean amables, accesibles y seguros incide de manera directa en nuestra salud y nuestro bienestar.
Objetivos de la normativa
Como señala el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, la Ley de Calidad de la Arquitectura es la primera ley estatal que tiene por objeto proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general y tiene como fin:
- Impulsar la protección del patrimonio arquitectónico.
- Fomentar la conservación.
- Impulsar la investigación, innovación, digitalización, industrialización y creatividad.
- Impulsar en el ámbito de la contratación pública la aplicación del principio de calidad, entre otros fines.
Orientar a los poderes públicos
La Ley de Calidad de la Arquitectura establece el marco jurídico para la defensa del interés general de la arquitectura, y la sostenibilidad de las actuaciones en los procedimientos de contratación pública, e incluye la creación de dos nuevos órganos para orientar la actuación de los poderes públicos en la consecución de sus objetivos:
- La Casa de la Arquitectura que, entre otros fines, busca acercar los valores de la arquitectura a la sociedad.
- El consejo de calidad, que se constituirá como una plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, así como de consulta y asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de esta ley.
Hay que resaltar y poner en valor el papel que la Arquitectura tiene en ámbitos como la ingeniería, la economía, el urbanismo, el medio ambiente, el diseño y el arte.
Apostar por la calidad arquitectónica
La propia exposición de motivos de la ley resalta: “apostar por la calidad arquitectónica, tanto en el entorno urbano como rural, supone reconocer, en primer término, la dimensión cultural, como prestación intelectual, artística y profesional, de una disciplina que incide transversalmente en múltiples aspectos de la sostenibilidad”.
Para ello, es necesario generar unas condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales del sector, que deben sentir el reconocimiento de la sociedad hacia una labor enormemente comprometida con ella y con el bien común.
Aunque ya existían normas autonómicas específicas, como las de Extremadura y Cataluña, o la reciente declaración del Parlamento Andaluz de reconocimiento de la arquitectura como Bien de Interés General, con la entrada en vigor del texto, las bases y criterios para la defensa del interés general de la arquitectura, a través de la calidad del entorno construido, se extienden ahora, de forma generalizada, al conjunto del país, según recuerda ANFAPA.
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