Actualización de los indicadores de pobreza energética del año 2020 y protección de consumidores vulnerables

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indicadores pobreza energetica 2020
12/01/2022

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la Actualización de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética correspondientes al año 2020. Crece el número de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada de su vivienda en invierno y que tienen un retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda. Ante esta situación, se han anunciado medidas como la prohibición del corte de suministro, el refuerzo del bono social y su renovación automática para los beneficiarios.

Pobreza energética

La actualización anual de los indicadores contribuye a conocer mejor la evolución de las situaciones de pobreza energética, la eficacia de las medidas, y el análisis y actualización de los instrumentos de lucha contra la pobreza energética.

Así, el informe explica y analiza la evolución en 2020 de la pobreza energética por medio de cuatro indicadores. Los resultados muestran cómo dos de los cuatro indicadores analizados para el año 2020 experimentan un retroceso en la mejora registrada años anteriores, observándose un comportamiento similar al del año anterior en el caso del indicador de gasto desproporcionado y una evolución favorable en comparación con 2019 en el indicador de pobreza energética escondida.

Según se indica, el comportamiento observado resulta coherente con el contexto de crisis asociado a la pandemia de la COVID-19, pues el confinamiento decretado en marzo de 2020, y la reducción de toda la actividad económica asociada a este confinamiento, han incidido con especial intensidad en la población que se encuentra en situación de pobreza energética, al verse agravada su situación de vulnerabilidad por la imposibilidad de buscar o mantener su trabajo.

Medidas de urgencia

Ante esta realidad se han adoptado medidas de urgencia orientadas a mitigar el impacto de la pandemia mundial en este colectivo de consumidores, entre las que destacan la prohibición de cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables y la no computación de plazos en el procedimiento de suspensión del suministro de electricidad por impago.

No obstante, los datos analizados reflejan la necesidad de continuar trabajando en medidas orientadas a reducir el número de hogares que se encuentran en situación de pobreza energética y a disminuir el impacto de la misma entre la población más vulnerable.

Hogares vulnerables

Destaca el aumento experimentado por los indicadores de porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno y el de aquellos que tienen un retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda, creciendo 3,3 puntos y 3 puntos, respectivamente, respecto de 2019.

Por su parte, el indicador de gasto desproporcionado 2M registra un valor similar al del ejercicio de 2019, presentando un pequeño repunte de 0,1 puntos. Solo registra una evolución favorable el indicador de porcentaje de hogares con pobreza energética escondida HEP, que refleja en 2020 una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Otras medidas

Resulta interesante destacar los altos valores que registran los cuatro indicadores en las siguientes variables adicionales analizadas: desempleados, rentas del primer quintil, pisos con alquiler de renta antigua y hogares sin calefacción. Esta realidad permite concluir que la pobreza energética es una característica más de los hogares más desfavorecidos.

En el caso de los valores por tamaño del hogar, los indicadores 2M y HEP presentan valores más altos en los hogares formados por una persona, mientras que en el caso del resto de indicadores los valores más altos se obtienen en hogares con cinco o más miembros.

En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a continuar reforzando la protección de los consumidores vulnerables sometiendo a información pública dos proyectos de Real Decreto que incluirán medidas como la ampliación de la población susceptible de recibir el bono social y la renovación automática del mismo para los beneficiarios.

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