Emergencia climática: estas serán las líneas prioritarias de España contra el cambio climático

Elena Sarachu
Contenidos y marketing digital

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.

El objetivo de la Declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.

Se trata, tal y como la define el acuerdo, de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”.  De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.

En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

Compromisos para los primeros 100 días

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:

• Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
• Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
• Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
• Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
• Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Líneas prioritarias

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

• Contribuir activamente para garantizar que las especi­ficidades y necesidades de España se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y ­financieras orientadas a impulsar el Pacto Verde Europeo.
• Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, de forma transversal.
• Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias.
• Identi­ficar los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y desarrollar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades.
• Salvo casos justi­ficados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos beneficios ­sociales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes.
• No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.
• Asegurar la transformación de nuestro sector ­financiero público y privado y su adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema.
• Introducir la variable del cambio climático de manera especí­fica en la política fi­scal, tanto desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la sostenibilidad a largo plazo de las fi­nanzas públicas.
• Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos desde la perspectiva de género.
• Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, garantizando el acceso a la misma.
• Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
• Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar dicho reto.
• Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo empleo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la despoblación y el reto demográ­fico.
• Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.
• Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.
• Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.
• Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al mismo.
• Alcanzar el objetivo del 30% de superfi­cie marina protegida en 2030 mediante la planificación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la conservación de la biodiversidad marina.
• Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la planifi­cación del conjunto del Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global.
• Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las inversiones necesarias.
• Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas en el caso de las insulares las que reconozcan la singularidad de su territorio y su especial vulnerabilidad frente al cambio climático.
• Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita su evaluación.

 PNIEC 2021-2030

El acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030 – Plan Nacional de Energía y Clima, que sitúa a España en la “senda correcta” para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente.

Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de origen limpio. Se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%.