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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado oficialmente el mapa oficial del radón con el listado de municipios en los que será obligatorio medir y controlar la exposición al gas radón en los centros de trabajo.
Aunque la presencia de este gas radioactivo se ha detectado en unos 4.000 municipios —es decir, en casi el 50 % del territorio español—, esta nueva obligación se centrará en no más de 1.700 municipios, según el análisis técnico de Molins, para quien esta medida marca un antes y un después en la prevención de riesgos en los espacios laborales.
Por regiones, Galicia encabeza el listado con el 91 % de sus municipios clasificados como de actuación prioritaria para la medición de radón, seguida de Extremadura (78 %) y la Comunidad de Madrid (59%). En cambio, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Islas Baleares y Murcia no presentan municipios con obligación de actuación prioritaria, aunque en sus territorios exista presencia de radón, pero en niveles de menor potencial.
La aprobación de este mapa oficial del radón se produce un año después de que entrara en vigor la obligación general de medir el radón en zonas de riesgo, tal como establecía el Plan Nacional contra el Radón y la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE).
La novedad de este 2025 es que el CSN ha definido por primera vez, de forma oficial, qué municipios están afectados y deben cumplir obligatoriamente con estas mediciones en sus espacios laborales. Se trata de términos municipales clasificados en el mapa oficial del radón como Zona II, considerados de actuación prioritaria, ya que un porcentaje significativo de su tejido urbano se encuentra en áreas con un potencial de radón superior al nivel de referencia de 300 Bq/m³.
El radón es un gas natural, incoloro e inodoro, que se genera por la desintegración del uranio en el subsuelo. Su peligrosidad no está en su origen, sino en su capacidad de infiltrarse en edificios, donde se acumula y representa un riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y la primera entre personas no fumadoras. En España se estima que provoca más de 1.500 muertes al año.
La Instrucción IS-47 del CSN establece también las directrices para la medición en los centros de trabajo y obliga a medir la concentración de radón durante un periodo mínimo de tres meses, preferiblemente entre octubre y mayo, o a lo largo de todo el año si no hay cierres vacacionales.
Todo tipo de negocios y en plantas bajas y primeras
Esta medida afecta a todas las instalaciones laborales ubicadas en municipios clasificados como prioritarios, con especial atención a aquellas situadas en planta baja o bajo rasante, donde los niveles de radón suelen ser más elevados y pueden triplicar el valor de referencia. Oficinas, comercios, gimnasios, spas, laboratorios, aparcamientos subterráneos o incluso espacios turísticos como minas o cuevas están entre los espacios más expuestos.
Aunque la concentración del radón tiende a disminuir con la altura, también se ha detectado en pisos superiores, debido a los materiales de construcción, el agua o el llamado “efecto chimenea”.
En este contexto, Molins recuerda la importancia de actuar desde el diseño constructivo y la rehabilitación con materiales que actúen como “Stop” ante el radón, creando una barrera eficaz que impida su entrada.
“No se trata de tomar medidas aisladas, sino de adoptar un enfoque integral que refuerce la seguridad de los negocios frente a riesgos invisibles como el radón. Tienen que ser, en lo posible, soluciones que cumplan con los requisitos del Código Técnico de la Edificación, que en las zonas de mayor riesgo (Zona II) exige una doble estrategia: una barrera física más una solución complementaria, como un espacio ventilado o la despresurización del terreno. La mejor manera de evitar el radón es impedir que entre en nuestras viviendas o lugares de trabajo, donde pasamos muchas horas al día”, explica David Rodríguez, Product Manager en Construction Solutions de Molins.
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