Las asociaciones ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU alertan del riesgo de cierre de más de 100 plantas de cogeneración y piden una solución transitoria para mantener activa una infraestructura estratégica para la industria y el sistema eléctrico.
Las principales patronales vinculadas a la cogeneración y a la valorización energética de residuos —ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU— han remitido una propuesta conjunta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para reincorporar a la nueva tramitación legislativa una disposición que permita prorrogar temporalmente la actividad de instalaciones industriales que han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria.
El objetivo es permitir que estas plantas continúen operando hasta completar inversiones y participar en las próximas subastas de cogeneración que el Gobierno prevé convocar en junio.
La medida busca evitar cierres irreversibles en un contexto en el que más de 200 industrias podrían concurrir al próximo concurso de 1.200 MW de cogeneración, movilizando cerca de 1.800 millones de euros en inversiones ligadas a modernización tecnológica, eficiencia energética, flexibilidad y renovables.
Las asociaciones advierten de que España ha perdido ya el 50% de su cogeneración industrial desde 2019, pasando de representar el 12% de la electricidad nacional al 6% actual.
Además, alertan de que la mitad de las plantas permanecen paradas y que más de un centenar de instalaciones adicionales podrían cesar su actividad entre 2026 y 2031 si no se aprueban medidas transitorias.
La propuesta solicita recuperar una disposición que ya había sido respaldada mayoritariamente por los grupos parlamentarios en la anterior tramitación de la Ley de derechos de emisión de CO₂, antes de que el texto fuese retirado por el Gobierno.
La cogeneración está vinculada a más de 600 industrias intensivas en energía pertenecientes a sectores como alimentación, química, papel, cerámica, automóvil o refino, que representan cerca del 20% del PIB industrial y sostienen alrededor de 200.000 empleos directos.
Las asociaciones destacan además el impacto territorial de esta tecnología, especialmente en sectores como:
Estas instalaciones dan servicio a cientos de municipios y forman parte de la infraestructura estratégica vinculada a la economía circular y la gestión energética.
Las organizaciones consideran que la reapertura de la tramitación parlamentaria de la Ley de CO₂ ofrece la oportunidad de desbloquear una solución temporal coordinada con el nuevo marco de inversión para la cogeneración que el Ejecutivo aprobará próximamente.
“El Congreso tiene ahora la oportunidad de recuperar una medida que ya había generado un elevado consenso político e industrial y que puede evitar un mayor deterioro del tejido productivo”, señala Javier Rodríguez, director general de ACOGEN.
La medida tendría carácter transitorio hasta 2031 y permitiría acompasar la continuidad operativa de las instalaciones con el nuevo ciclo inversor de modernización tecnológica y descarbonización previsto para el sector.
Las asociaciones recuerdan además que la cogeneración desempeña un papel relevante en la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico gracias a su capacidad para aportar generación firme y síncrona distribuida por todo el territorio.
Según ACOGEN, la pérdida de capacidad de cogeneración implica también una reducción de eficiencia energética, competitividad industrial y resiliencia energética en un contexto internacional marcado por la volatilidad y las tensiones geopolíticas.
“Con la caída de la cogeneración estamos perdiendo eficiencia energética, competitividad industrial y debilitando la operación del sistema eléctrico al mismo tiempo”, concluye Javier Rodríguez.
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