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La ley de contratos del Estado sólo tiene en cuenta el precio, esta es la conclusión que las patronales han sacado en claro después de ver las cifras en las que se ha movido el año 2014 (último año con cifras disponibles), en el cual, el ministerio de Fomento de Ana Pastor fue el más activo, con 105,1 millones de euros de licitaciones.
Las ingenierías quieren detener este sistema de licitación, por el cual, solamente se tienen en cuenta el precio a la hora de contratar. Así pues, las patronales recurrirán todos aquellos contratos en los que el único criterio existente sea el económico, convirtiendo en una subasta estas contrataciones.
Nos sólo la Administración General de Estado, sino también, los gobiernos de otras comunidades autónomas como por ejemplo Madrid o Andalucía siguen este criterio de contratar en base al precio.
Por ello, representantes de la asociación nacional Tecniberia y de todas las territoriales (excepto la comunidad autónoma vasca) celebraron una reunión informal en las que las ingenierías decidieron realizar un dictamen jurídico para poder impugnar este tipo de actuaciones.
Este sistema de licitación se debe a la caída de la contratación pública. Los criterios se han modificado y ahora se tiende a favorecer a las ofertas más baratas, las adjudicaciones se realizan con bajadas de precios cada vez mayores. De esta forma, las empresas compiten entre ellas para conseguir contratos y con ello ingresos, aun a costa de contratar a pérdida.
Además, los colegios de profesionales avisan que con precios bajos no se paga a los mejores profesionales.
Por el contrario, Gonzalo Ferre, presidente de Adif, defiende este tipo de contratación alegando que es la mejor garantía para todos los contribuyentes, ya que se logra ahorrar y es un freno para la corrupción dentro de este ámbito.
Las cifras que se barajan en este tipo de contrataciones hablan por sí solas. La oferta económica en las contrataciones tiene un peso de entre un 60% y 75%. Como ejemplos tenemos el contrato de arquitectura dela segunda estación de AVE de Barcelona, La Sagrera, que Adif adjudicó por 1,28 millones de euros, sin IVA, con una bajada del 59% sobre el precio de licitación. La firma que se llevó el gato al agua, Euroestudios, tuvo la mejor puntuación en términos económicos (ponderación del 75%) pero también tuvo la puntación más baja en el área técnica (con un peso del 25%).
Además, según Tecniberia, el Estado licitó en el año 2015 concursos de este tipo por 238 millones, un 12% más que en el año anterior, el 2014, en el cual, los organismos con más encargos fueron las cuencas hidrográficas (42,8 millones), la dirección general de carreteras (42,4 millones) y Adif (24,4 millones).
La Generalitat de Cataluña y varios colegios de profesionales ya se han posicionado en contra de este sistema de contratación avisando de la marcha de los mejores profesionales del sector fuera de nuestro país y recordando que, como siempre, a la larga, lo barato sale caro.
