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El COIIM reclama un pacto de Estado por la energía y la industria

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) ha reclamado un pacto de Estado por la energía y la industria que aporte estabilidad y certidumbre a ciudadanos, empresas e inversores. La petición se produjo durante el debate «29N: Industria y energía, a debate», celebrado en Madrid con representantes del PP, PSOE, VOX y Frente Amplio, en el que se abordaron cuestiones como el futuro de las centrales nucleares, la implantación de centros de datos, la capacidad de las redes eléctricas y la fiscalidad de la electricidad.

El encuentro, celebrado en la sede del COIIM, reunió a Juan Diego Requena (PP), Álvaro Abril (PSOE), Ana Cuartero (VOX) y Paz Serra (Frente Amplio). Las diferencias sobre el calendario nuclear marcaron buena parte de las intervenciones, aunque también hubo coincidencias en la necesidad de abordar los retos de la electrificación y el desarrollo industrial.

Durante la bienvenida, el decano del COIIM, Fabián Torres, defendió la necesidad de una visión energética e industrial a largo plazo, capaz de ofrecer seguridad a los distintos agentes económicos. También reiteró el objetivo de que la industria supere el 20 % del PIB y reclamó revisar la Ley de Industria de 1992.

El futuro de las centrales nucleares marca las diferencias entre partidos

El mantenimiento o cierre de las centrales nucleares fue uno de los asuntos que generó mayores discrepancias durante el debate. Las posiciones de los cuatro representantes reflejaron diferentes planteamientos sobre el modelo de generación eléctrica y la composición del mix energético español.

La representante de VOX, Ana Cuartero, se mostró contraria al cierre de las centrales nucleares y defendió ampliar su vida útil. Según explicó, su partido derogaría el calendario de cierre previsto y prolongaría la actividad de estas instalaciones para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica y atender futuras demandas, como las asociadas a los centros de datos.

Por su parte, Álvaro Abril, representante del PSOE, defendió mantener la hoja de ruta vigente. Durante su intervención sostuvo que el calendario nuclear debe cumplirse y que las centrales tienen que estar cerradas en 2035. También señaló el objetivo de que en 2030 el 81 % de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables.

La posición del Partido Popular, expuesta por Juan Diego Requena, fue favorable a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. El representante defendió un mix de generación que combine energía nuclear, renovables, hidráulica de almacenamiento y flexibilidad de la demanda. En este sentido, planteó la necesidad de avanzar desde el liderazgo renovable hacia un modelo con mayor capacidad de gestión energética.

En cambio, Paz Serra, en representación de Frente Amplio, defendió un sistema eléctrico 100 % renovable en 2040. Su propuesta contempla alcanzar un 81 % de generación renovable en 2030 y un 90 % en 2035. Durante el debate también planteó crear un «fondo generacional de la energía», inspirado en el modelo del fondo soberano noruego.

Como contexto, el calendario de cierre nuclear vigente contempla un cese escalonado de las centrales españolas entre 2027 y 2035. Las intervenciones del debate reflejaron distintas propuestas políticas sobre ese calendario, pero no supusieron la adopción de nuevos acuerdos.

Centros de datos: planificación y acceso a las redes eléctricas

La implantación de centros de datos en España fue otro de los asuntos abordados durante la jornada. Los representantes políticos no cuestionaron su desarrollo, aunque plantearon diferentes condiciones para compatibilizar su crecimiento con la disponibilidad de electricidad, agua y suelo, así como con las necesidades del resto de consumidores.

Frente Amplio propuso auditar los accesos a la red eléctrica ya concedidos y adjudicar nueva capacidad mediante concursos. El objetivo, según explicó Paz Serra, sería evitar la concentración de recursos y el acaparamiento de capacidad eléctrica, agua y suelo.

Desde el PSOE, Álvaro Abril defendió una planificación de estas instalaciones que contemple un suministro renovable y garantizado. La propuesta pone el foco en anticipar las necesidades energéticas de los nuevos proyectos y su integración en el sistema eléctrico.

El representante del PP reclamó diferenciar los proyectos de centros de datos que tienen posibilidades reales de desarrollarse de aquellas solicitudes redundantes o destinadas a reservar capacidad de conexión. También defendió incorporar requisitos de eficiencia energética e hídrica.

Por último, VOX apostó por facilitar la implantación de estas infraestructuras y adaptar la regulación a proyectos que dispongan de generación y redes propias. Ana Cuartero defendió que los costes de las nuevas infraestructuras eléctricas no recaigan sobre el consumidor final.

Las distintas intervenciones reflejaron la importancia de planificar el crecimiento de los centros de datos teniendo en cuenta su demanda eléctrica y de recursos, así como la capacidad disponible en las redes.

Redes eléctricas y electrificación: retos para hogares e industria

La capacidad de las redes para atender nuevas demandas fue otro de los ejes del encuentro. La electrificación de hogares, transporte e industria requiere infraestructuras capaces de facilitar nuevas conexiones y responder al crecimiento del consumo eléctrico.

En este ámbito, Juan Diego Requena (PP) planteó un plan de choque para resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses los problemas de conexión de la demanda. Su propuesta incluyó también medidas fiscales, apoyo a la industria electrointensiva y una tarifa social para consumidores vulnerables.

Desde el PSOE, Álvaro Abril defendió los incentivos a la electrificación industrial, las bonificaciones municipales para la instalación de bombas de calor y el impulso de los certificados de ahorro energético. Estas medidas se enmarcan, según explicó, en una orientación de la fiscalidad basada en el principio de «quien contamina, paga».

Frente Amplio puso el acento en el acceso de los hogares a soluciones que faciliten la transición energética. Paz Serra defendió incorporar la refrigeración a las políticas contra la pobreza energética y facilitar el acceso a la rehabilitación, las bombas de calor y el autoconsumo compartido.

Por su parte, VOX reclamó adaptar las redes y la regulación a las necesidades de viviendas e industrias, evitando que la falta de capacidad de conexión se convierta en un obstáculo para nuevos desarrollos y proyectos productivos.

Las propuestas pusieron de manifiesto que la electrificación no depende únicamente de la incorporación de nuevos equipos o tecnologías, sino también de la disponibilidad de infraestructuras y de unas condiciones de conexión adecuadas.

Fiscalidad energética y medidas para reducir el coste de la electricidad

El coste de la electricidad y su impacto sobre hogares y empresas también estuvieron presentes en el debate. Las intervenciones abordaron desde la reducción de la carga fiscal hasta la creación de tarifas sociales y el apoyo a sectores industriales con un elevado consumo energético.

El PP propuso reducir la fiscalidad eléctrica y suprimir el impuesto del 7 % a la generación de electricidad. Juan Diego Requena también defendió medidas de apoyo a la industria electrointensiva y una tarifa social dirigida a los consumidores vulnerables.

La propuesta de Frente Amplio se centró en garantizar un umbral mínimo de consumo energético para todos los hogares mediante una tarifa social, con precios progresivos en función del consumo. Además, reclamó facilitar el acceso a la rehabilitación energética y a tecnologías como las bombas de calor.

El PSOE defendió los incentivos a la electrificación industrial, las bonificaciones municipales para bombas de calor y los certificados de ahorro energético. Su planteamiento fiscal se apoyó en el principio de que quienes generan contaminación deben asumir los costes asociados.

Por su parte, VOX insistió en la necesidad de adaptar las redes y la regulación para facilitar el desarrollo de nuevas instalaciones y evitar que las limitaciones de conexión frenen la actividad económica.

Aunque las propuestas difirieron en su planteamiento, todas abordaron la relación entre el coste de la energía, la competitividad industrial y la capacidad de los hogares para afrontar la transición energética.

El COIIM reclama estabilidad para impulsar la industria

Más allá de las diferencias entre los partidos, el debate puso sobre la mesa varios retos compartidos por el sector energético e industrial: la necesidad de reforzar las redes eléctricas, facilitar nuevas conexiones, planificar la demanda de grandes consumidores y ofrecer un marco estable para las inversiones.

En este contexto, el decano del COIIM, Fabián Torres, insistió en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la energía y la industria, con una visión de largo plazo que aporte certidumbre a ciudadanos, empresas e inversores.

La entidad también reiteró su objetivo de que la industria supere el 20 % del PIB y la necesidad de revisar la legislación industrial, con la Ley de Industria de 1992 como referencia en su reivindicación.

La jornada «29N: Industria y energía, a debate», impulsada por Cristina García Bajo, vocal de la Comisión de Energía del COIIM/AIIM, contó con la moderación de los bloques dedicados a generación y estabilidad del sistema, y a demanda y electrificación. Este último fue conducido por Hàjar El Mansouri, del equipo de Public Affairs de Octopus Energy.

El encuentro evidenció que el futuro energético y la competitividad industrial están estrechamente relacionados. La planificación de las infraestructuras, el modelo de generación, la electrificación y la estabilidad regulatoria serán cuestiones determinantes para afrontar los próximos desafíos del sector.

María Robledo

Redactora

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