Varias comunidades autónomas continúan sin tener abierto el procedimiento para acreditar las competencias profesionales necesarias para trabajar en prevención y control de Legionella, según denuncia la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA). La situación preocupa al sector ante la proximidad del 2 de enero de 2028, fecha en la que finaliza el periodo transitorio establecido por la normativa para adaptarse a los nuevos requisitos de cualificación profesional.
ANECPLA reclama a las administraciones autonómicas que activen cuanto antes los procedimientos correspondientes y garanticen que los trabajadores puedan acreditar sus competencias con tiempo suficiente. La asociación advierte de que los retrasos pueden generar desigualdades entre profesionales y empresas, además de dificultar la planificación de las plantillas y la disponibilidad de personal cualificado.
“No podemos permitir que, cuando falta poco más de un año para que finalice el periodo transitorio, haya profesionales que sigan sin disponer de una vía para acreditar su cualificación por causas ajenas a ellos. Las administraciones deben garantizar que los procedimientos estén disponibles en todas las comunidades autónomas, con tiempo suficiente para que los trabajadores puedan completar el proceso y las empresas organizar sus equipos”, advierten desde ANECPLA.
El Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, establece los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Entre ellos, contempla que el personal que realiza determinadas operaciones vinculadas a los programas de tratamiento de instalaciones susceptibles de proliferación y dispersión de Legionella debe disponer de la cualificación profesional correspondiente, identificada como SEA492_2 y de nivel 2, o del certificado de profesionalidad que acredite las unidades de competencia requeridas.
La normativa estableció un periodo transitorio de cinco años para facilitar la adaptación al nuevo marco de cualificación. Durante ese tiempo, los certificados de aprovechamiento de los cursos anteriores, regulados por la Orden SCO/317/2003, mantienen su validez hasta el 2 de enero de 2028.
A partir de esa fecha, el personal afectado deberá contar con la cualificación exigida para continuar desempeñando las funciones contempladas en la normativa. El objetivo del periodo transitorio es facilitar que los profesionales puedan acreditar sus competencias y completar la adaptación al nuevo modelo.
Sin embargo, la falta de procedimientos de acreditación abiertos en varias comunidades autónomas, según denuncia ANECPLA, reduce el margen de actuación de los trabajadores que necesitan demostrar sus competencias profesionales. También dificulta la planificación de las empresas que prestan estos servicios y que deben anticiparse a los requisitos que serán obligatorios.
“La normativa fija un horizonte claro, pero para cumplirlo hacen falta procedimientos accesibles y operativos. Si una persona tiene experiencia y competencias profesionales, debe poder iniciar el proceso para acreditarlas en su comunidad autónoma. No hacerlo genera una desigualdad territorial injustificada entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones y entre empresas que prestan los mismos servicios”, señala la asociación.
La acreditación de competencias es un paso necesario para que los trabajadores puedan demostrar que cuentan con la cualificación requerida. Por ello, la disponibilidad de procedimientos autonómicos resulta especialmente relevante a medida que se aproxima el final del periodo transitorio.
ANECPLA advierte de que la falta de vías habilitadas puede provocar que profesionales con experiencia encuentren dificultades para completar los trámites dentro del plazo establecido. Una situación que también afecta a las empresas de sanidad ambiental, que necesitan conocer con antelación los requisitos y organizar sus equipos para garantizar la continuidad de los servicios.
La asociación considera necesario que las administraciones faciliten información clara sobre los procedimientos, los requisitos de acceso y los plazos de solicitud. Asimismo, reclama coordinación entre las comunidades autónomas para evitar que el lugar de residencia o de actividad profesional determine las posibilidades de acceder a la acreditación.
La prevención y el control de Legionella son actividades directamente relacionadas con la protección de la salud pública. La bacteria puede proliferar en determinadas instalaciones que utilizan agua y dispersarse mediante aerosoles, que pueden ser inhalados por las personas.
Entre las instalaciones que requieren medidas de prevención y control se encuentran las torres de refrigeración, los sistemas de agua caliente sanitaria, los equipos de enfriamiento evaporativo, los spas y otros sistemas que pueden generar aerosoles.
La importancia de mantener una prevención rigurosa queda reflejada en los datos epidemiológicos del Instituto de Salud Carlos III correspondientes a 2024. Ese año se notificaron en España 2.204 casos de legionelosis, de los cuales 2.177 fueron autóctonos. Entre estos últimos se registraron 218 fallecimientos, lo que representa una letalidad global del 10 %.
En este contexto, garantizar que los profesionales encargados de las operaciones de prevención y control dispongan de la cualificación requerida constituye una pieza relevante de la estrategia preventiva. La ausencia de procedimientos de acreditación no implica por sí misma un aumento de los casos de legionelosis, pero sí puede dificultar que los trabajadores cumplan a tiempo los requisitos y que las empresas planifiquen adecuadamente sus necesidades de personal.
“La prevención de la Legionella requiere instalaciones bien mantenidas, protocolos adecuados y profesionales cualificados. Si no se facilita que los trabajadores acrediten sus competencias dentro del plazo previsto, podemos encontrarnos con dificultades evitables para organizar y prestar estos servicios. Estamos hablando de una actividad que contribuye a proteger la salud de la población y que necesita seguridad jurídica y planificación”, subrayan desde ANECPLA.
Ante esta situación, ANECPLA insta a las comunidades autónomas implicadas a activar los procedimientos de acreditación correspondientes y ofrecer información clara sobre los plazos, requisitos y vías disponibles para los profesionales.
La asociación considera prioritario que los trabajadores afectados cuenten con tiempo suficiente para completar los trámites antes de que finalice el periodo transitorio. También reclama una mayor coordinación entre las administraciones competentes para evitar desigualdades territoriales y facilitar que las empresas puedan anticipar la adaptación de sus plantillas.
“Pedimos a las administraciones que no esperen a que el plazo esté a punto de agotarse. Es necesario actuar ahora, habilitar los procedimientos y comunicar claramente cómo pueden acceder a ellos los profesionales. La acreditación no puede convertirse en una barrera derivada de la falta de actuación administrativa. Debemos garantizar que la transición se realice de forma ordenada, equitativa y sin poner en riesgo la continuidad de una actividad esencial para la salud pública”, concluye ANECPLA.
La asociación reitera su disposición a colaborar con las administraciones para contribuir a una transición eficaz hacia el nuevo modelo de cualificación profesional. En este proceso, la formación, la acreditación de competencias y la profesionalización del sector son elementos fundamentales para reforzar la prevención y el control de la legionelosis.
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